Empresarios esperan que el diálogo restablezca la transitabilidad y exigen responsabilidades por las pérdidas ocasionadas

La apertura del diálogo entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) abrió una expectativa para los sectores productivos que, durante 43 días, soportaron los efectos de los bloqueos. Sin embargo, el empresariado sostiene que la solución no debe limitarse al levantamiento de las medidas de presión, sino también al establecimiento de responsabilidades por las pérdidas humanas, los daños económicos y la paralización de actividades.

Más allá de la coyuntura, el sector privado advierte que los bloqueos interrumpieron las cadenas productivas, frenaron las exportaciones y afectaron el abastecimiento de alimentos y combustibles. Asimismo, teme que las consecuencias persistan incluso después del conflicto debido a la pérdida de mercados, contratos e inversiones.

El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, afirmó que la prioridad es restablecer la transitabilidad y recuperar las cadenas de producción y abastecimiento afectadas durante más de un mes. No obstante, enfatizó que cualquier acuerdo debe enmarcarse en el respeto a la Constitución y al ordenamiento jurídico.

«Alguien tiene que hacerse cargo de estos 43 días de perjuicio que han sufrido las familias bolivianas y la economía nacional», afirmó.

Frerking señaló que el país necesita restablecer cuanto antes las condiciones para producir, transportar y exportar. Aseguró que el sector privado respaldará toda iniciativa orientada a recuperar la normalidad, aunque advirtió que los daños acumulados no pueden quedar sin responsables. A su criterio, la recuperación económica requiere tanto el levantamiento de los bloqueos como el pleno respeto al Estado de derecho.

La preocupación también alcanza al sector del transporte. El presidente de la Cámara Boliviana de Transporte Nacional e Internacional, Luis Áñez, afirmó que cientos de conductores permanecieron «secuestrados» durante semanas en las carreteras y cuestionó que las afectaciones registradas queden impunes.

«Alguien lo tiene que pagar y ese alguien tiene que ser los que propiciaron este bloqueo», sostuvo.

Áñez recordó que muchos transportistas dejaron de generar ingresos durante estos 43 días, mientras continuaban vigentes sus obligaciones financieras, tributarias y laborales, además de las difíciles condiciones que enfrentaron los conductores retenidos en las rutas del país.

La preocupación empresarial también se concentra en los resultados del diálogo. El presidente de CAINCO, Jean Pierre Antelo, advirtió que el principal desafío será garantizar que cualquier acuerdo tenga una aplicación efectiva en las regiones donde aún persisten los bloqueos. En ese sentido, mencionó al Chapare y sostuvo que el Estado debe ejercer plenamente su autoridad para garantizar la libre circulación en todo el territorio nacional.

La posición del empresariado refleja un criterio compartido por distintos sectores productivos: esperan que el diálogo permita restablecer la transitabilidad y reactivar la economía, pero consideran que la recuperación de la confianza también exige el cumplimiento de la ley y la determinación de responsabilidades por los daños económicos y sociales ocasionados durante el conflicto.