Ley en espera de decisión presidencial
Los ministros del gabinete del presidente Rodrigo Paz aguardan una convocatoria oficial para analizar el futuro de la Ley de Regulación de los Estados de Excepción, recientemente aprobada por la Asamblea Legislativa y enviada al Ejecutivo para su promulgación.
Mientras el país continúa enfrentando las consecuencias de más de un mes de bloqueos, dificultades de abastecimiento y episodios de violencia en distintas regiones, el Gobierno mantiene en suspenso una decisión sobre la nueva normativa, cuyo alcance será evaluado directamente por el jefe de Estado junto a sus colaboradores más cercanos.
El ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, confirmó que hasta el momento no existe ninguna instrucción específica para una reunión extraordinaria de gabinete. “Esperamos las directrices del presidente Rodrigo Paz y de su oficina. En función de ello comunicaremos las decisiones que correspondan”, señaló en declaraciones a Unitel.
Las autoridades remarcaron que no se ha definido aún la promulgación de la ley ni la eventual aplicación de medidas excepcionales. Según indicaron, cualquier determinación dependerá del análisis que realice el mandatario sobre el escenario nacional y las necesidades de respuesta institucional.
Consultado sobre una posible reunión este domingo, Justiniano afirmó que, por ahora, solo se mantiene la agenda habitual de los lunes, aunque dejó abierta la posibilidad de una convocatoria presidencial en cualquier momento.
La ley establece los procedimientos para declarar estados de excepción en situaciones de conmoción interna, amenazas a la seguridad del Estado, desastres naturales u otras emergencias extraordinarias. Asimismo, incorpora mecanismos de control legislativo y límites destinados a resguardar los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La aprobación de la norma ganó protagonismo en medio de la crisis generada por los bloqueos carreteros y los enfrentamientos registrados en diversas zonas del país. Mientras sectores afines al Gobierno sostienen que la regulación fortalece la capacidad estatal para enfrentar contingencias, voces críticas advierten posibles riesgos para las libertades constitucionales.
Durante el tratamiento legislativo, los ministros de Defensa, Gobierno y Presidencia defendieron la iniciativa argumentando que el país requiere un marco jurídico claro para actuar frente a emergencias que afecten la seguridad, la transitabilidad y el abastecimiento de la población.
Entretanto, el Ejecutivo insiste en que la vía del diálogo sigue siendo la prioridad para superar el conflicto. Sin embargo, la nueva ley abre un escenario político de alta expectativa, mientras continúan las movilizaciones y crece la incertidumbre sobre las medidas que adoptará el Gobierno en los próximos días.
