COB mantiene huelga indefinida y marcha por quinto día en rechazo al fin de la subvención a combustibles.
Sindicatos afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) protagonizaron este viernes su quinta jornada consecutiva de movilización en rechazo al Decreto Supremo 5503, que puso fin a la subvención a los combustibles, vigente por más de 20 años.
Hasta el momento, la huelga indefinida solo ha sido acatada por los mineros estatales, aunque la COB adelantó que implementará “otras estrategias de protesta” en los próximos días.
El líder de la COB, el minero Mario Argollo, explicó a EFE que el decreto está orientado a beneficiar principalmente a empresas transnacionales, empresarios y agroindustriales, mientras que para la población significa mayores ajustes económicos. “Estamos lejos de nuestras familias por una reivindicación justa, que no es sectorial ni política”, sostuvo.
Argollo añadió que la COB no abandonará las movilizaciones y estudia nuevas estrategias porque considera que la lucha sindical beneficia a las grandes mayorías del país.
La marcha de este viernes recorrió las calles céntricas de La Paz, sede del Ejecutivo y Legislativo, coincidiendo con un feriado nacional decretado para fomentar el turismo durante la temporada de fin de año, según informó el Gobierno de Rodrigo Paz.
Contexto de las protestas
Desde el lunes, la COB convocó a una huelga general e indefinida, que hasta ahora solo cumple parcialmente, dado que otros sectores como transportistas, comerciantes y mineros cooperativistas cesaron sus paralizaciones tras alcanzar acuerdos con el Ejecutivo. Las marchas de la COB han recibido rechazo ciudadano en La Paz, donde algunos habitantes consideran que afectan la actividad cotidiana.
El martes, los dirigentes de la COB sostuvieron una reunión con Rodrigo Paz, sin llegar a acuerdos, pues el sindicato condicionó el diálogo a la derogación previa del decreto, solicitud que el Gobierno ha descartado.
Alcances del DS-5503
El Decreto Supremo 5503, vigente desde hace poco más de una semana, eliminó la subvención a los combustibles, fijando incrementos de hasta 86% en la gasolina y 162% en el diésel respecto a los costos subvencionados.
Para compensar los efectos económicos en la población, el Gobierno implementó medidas complementarias, incluyendo un aumento del salario mínimo de 2.750 a 3.300 bolivianos (395 a 474 dólares), incrementos en los bonos estudiantiles del sistema público y en la renta para adultos mayores sin aportes a la seguridad social.
El Ejecutivo sostiene que la subvención ya no era sostenible, y que su retiro permitió garantizar el suministro de combustibles, escaso durante casi 18 meses, además de ahorrar al Estado 10 millones de dólares diarios.
