Informe legislativo identifica nueve irregularidades en Botrading S.A. y calcula un presunto daño económico de $us 857 millones
Un total de nueve presuntas irregularidades rodean la creación y funcionamiento de Botrading S.A., empresa constituida en Paraguay con capital de YPFB Corporación, que se adjudicó 12 contratos millonarios y que dio lugar a una investigación legislativa y a un proceso penal por un posible daño económico al Estado de hasta $us 857 millones.
De acuerdo con el informe de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa, remitido posteriormente al Ministerio Público, Botrading S.A. no perdió ninguno de los procesos de contratación analizados. “En los 12 procesos revisados se demostró que la empresa fue adjudicada en todos los casos, incluso cuando existían otros proponentes que ofrecían el mismo servicio a menor costo”, señala la primera conclusión del documento.
El informe añade que, en al menos dos procesos, YPFB optó por adjudicar el servicio tanto a Botrading como a otro proponente que ofrecía mejores condiciones económicas y técnicas, situación que —según los legisladores— debió derivar en la descalificación automática de la firma creada en el exterior.
Presunto daño económico
El diputado Carlos Alarcón, integrante de la comisión investigadora, afirmó que las conclusiones se sustentan en documentación oficial emitida por YPFB Corporación. Inicialmente, el daño económico fue estimado en $us 355 millones, cifra que posteriormente se elevó a $us 388 millones en el informe final, al identificarse contratos fantasmas y adjudicaciones con sobreprecio en favor de Botrading, empresa creada durante el gobierno de Evo Morales y que, en la gestión de Luis Arce, habría cambiado de denominación.
No obstante, el fiscal del caso, Omar Yujra, precisó a EL DEBER que la denuncia presentada contiene imprecisiones y descripciones generales, motivo por el cual se emitieron requerimientos fiscales y se realizaron intervenciones en oficinas de YPFB en Santa Cruz.
Durante esas actuaciones, funcionarios de la estatal petrolera entregaron documentación de todos los procesos de contratación con Botrading, información que —según los implicados— no fue solicitada por la comisión legislativa y que, a su criterio, respalda la legalidad de las operaciones.
Yujra añadió que fue en una de estas intervenciones donde se identificaron otras transacciones adicionales, cuyo monto global ascendería a $us 857 millones, cifra que finalmente fue incorporada en la imputación formal presentada contra el exgerente de YPFB Corporación, Armin Dorgathen, y otros cinco exfuncionarios.
Empresa fantasma y adjudicaciones directas
En su segunda conclusión, el informe legislativo califica a Botrading S.A. como una “empresa fantasma”, presuntamente constituida en un país distinto a Bolivia para evadir la fiscalización y normativa nacional. Según el documento, la firma contaría con solo tres empleados y sus supuestas oficinas corresponderían a un despacho jurídico, no a una sede empresarial operativa.
El tercer punto cuestiona la decisión de crear la empresa en Paraguay, país sin salida al mar, pese a que la importación de combustibles se realiza a través de puertos marítimos, lo que —según los legisladores— hacía más lógico establecer una firma en países con acceso directo al océano.
En la cuarta conclusión, se menciona que un alto funcionario de YPFB y exmiembro del directorio de Botrading, Julio Camargo, habría adquirido acciones de la empresa sin realizar pago alguno, tras recibirlas a título gratuito de la actual presidenta de la firma, Sandra Bethania Otazu, ciudadana paraguaya. Posteriormente, dichas acciones habrían sido revendidas a YPFB Logística por $us 117.758, generando —según el informe— un beneficio económico indebido en perjuicio del Estado.
Las conclusiones quinta y sexta señalan que la mayoría de los contratos fueron adjudicados sin convocatoria pública, mediante invitación directa, e incluso en algunos casos solo se invitó o se presentó Botrading como proponente.
En el séptimo punto, la comisión observa la falta de justificación jurídica para el uso reiterado de este mecanismo excepcional de contratación. En la octava conclusión, se eleva el cálculo del posible daño económico a $us 388 millones, tras detectarse un presunto sobreprecio adicional de $us 5 millones.
Finalmente, en la novena irregularidad, los legisladores sostienen que Botrading no contaba con infraestructura propia para almacenamiento de combustibles, flota especializada de transporte, innovación tecnológica ni capacidad de refinación o procesamiento. Por el contrario, su intermediación habría generado mayores costos para el Estado boliviano, sin justificación técnica ni operativa, según el informe remitido a la Fiscalía.
