Gobierno defiende paquete de bonos como “amortiguador social” frente al ajuste por el Decreto 5503.

El Gobierno defendió el Programa de Protección a la Gente Más Vulnerable, un paquete de bonos sociales diseñado para mitigar el impacto inicial del ajuste en los precios de los combustibles y actuar como un “amortiguador social” frente a las medidas económicas adoptadas mediante el Decreto Supremo 5503.

El viceministro del Tesoro y Crédito Público, Cristian Morales, explicó que el eje central del programa es el fortalecimiento de las transferencias directas a los sectores de menores ingresos. En ese marco, confirmó el incremento de la Renta Dignidad a Bs 500 mensuales, beneficio que comenzará a pagarse desde enero y tendrá carácter permanente.

“Estamos hablando de una medida estructural, no temporal, destinada a proteger a quienes tienen menos capacidad de enfrentar los efectos de la transición económica”, sostuvo Morales.

La autoridad también anunció el aumento del Bono Juancito Pinto a Bs 300 a partir de la gestión 2026, con el objetivo de inyectar mayor liquidez a las familias con niños en edad escolar. A estas medidas se suma el Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), que contempla un bono de Bs 150 mensuales durante tres meses por familia, dirigido a hogares con estudiantes del sistema fiscal y de convenio, beneficiarios del bono Juana Azurduy, personas con discapacidad y sectores en situación de indigencia.

“El mandato es claro: arrancar desde enero sin retrasos y sin excusas”, enfatizó Morales, al señalar que la Gestora Pública ya trabaja en la operativización de los pagos para evitar demoras y dobles cobros.

Desde el Ministerio de Economía, el titular de la cartera, José Gabriel Espinoza, rechazó que estas transferencias sean consideradas compensaciones por el ajuste económico. “Esto no es una compensación, porque eso significaría devolver algo que la gente perdió; si alguien tiene que compensar, son los que nos dejaron esta situación”, afirmó.

Espinoza reconoció que el impacto del decreto es complejo en el corto plazo, pero defendió la lógica del programa social como un puente hacia la estabilidad. “La inflación no es que va a venir, ya vino; los precios ya subieron y no podíamos seguir con la cobardía de sostener un subsidio insostenible”, señaló.

Por su parte, el viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Jaime Coronado, explicó que el programa de bonos está incorporado en la reformulación del Presupuesto General del Estado 2026. Indicó que se realizan las modificaciones necesarias para garantizar el financiamiento oportuno de la Renta Dignidad, el PEPE y los bonos vigentes.

“La red de protección social es uno de los tres pilares del decreto y debe ejecutarse en tiempo y forma”, afirmó.

En tanto, el gerente general de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, Marcelo Fernández, aseguró que no se requerirá ningún registro adicional para acceder a los nuevos montos. “Ya tenemos las bases de datos; la gente no debe hacer filas ni inscribirse otra vez”, aclaró. Añadió que se reforzaron los controles para evitar fraudes y pagos duplicados, así como los canales de atención ciudadana.

El Gobierno estima que las medidas sociales beneficiarán de manera directa a cerca del 30% de la población, entre perceptores de la Renta Dignidad, el Bono Juancito Pinto, el PEPE y otros programas vigentes. Para Espinoza, el enfoque busca equilibrar el ajuste económico con una señal clara de prioridad social.

“Sabemos que hay un costo social y político, pero nuestra responsabilidad es que la transición no recaiga sobre los que menos tienen”, remarcó.

Las autoridades coincidieron en que el Programa de Protección no sustituye reformas estructurales, pero constituye un respaldo inmediato para los hogares más vulnerables mientras el Gobierno avanza en la estabilización fiscal y la normalización de la economía tras la aplicación del Decreto 5503.