Gobierno reporta avances en diálogo y defiende el DS 5503 como eje de reestructuración estatal.
A cuatro días de la promulgación del Decreto Supremo 5503, el Gobierno asegura avances en acuerdos con sectores sociales y productivos, mantiene conversaciones con el transporte urbano y avanza en un proceso de reestructuración del Estado, en un contexto marcado por tensiones y ajustes económicos.
El ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Aguas, Óscar Mario Justiniano, explicó los alcances de la norma y las medidas complementarias durante una entrevista en Conversaciones con Sissi Áñez, en ED24. Señaló que, tras la aprobación del decreto, autoridades del Ejecutivo se desplazaron a los nueve departamentos para dialogar con los sectores involucrados. “Hay sectores que han entendido que esta realidad se debe asumir”, afirmó, al señalar que el objetivo es frenar la especulación y proteger a la población, especialmente a los grupos más vulnerables.
Justiniano sostuvo que el decreto responde a una situación económica crítica. “El país está en un estado crítico y no tenemos posibilidad de dar marcha atrás”, remarcó, al tiempo de destacar que dentro de los sectores existen posiciones diversas que permiten avanzar en el diálogo.
En relación con el transporte urbano, el ministro expresó confianza en alcanzar acuerdos sobre tarifas y estructura de costos. Detalló que el combustible representa entre el 30% y 40% de los costos en vehículos a diésel y entre 20% y 28% en promedio general, lo que motivó la propuesta de acercar el precio del litro a los 3 bolivianos. Recordó además que anteriores incrementos tarifarios no siempre se tradujeron en mejoras del servicio y subrayó que cualquier ajuste debe ir acompañado de compromisos de reinversión.
Sobre el abastecimiento de combustibles, atribuyó las recientes filas en estaciones de servicio a la ansiedad de la población y aseguró que la provisión mejoró, con una previsión de hasta seis días. Añadió que existe un acuerdo con la Asociación de Surtidores (Asosur) y que se solicitarán informes técnicos a YPFB para evaluar las causas de las colas.
En el ámbito estatal, Justiniano confirmó una reducción del aparato público de al menos 30%, que en su ministerio alcanzó el 44%, con el retiro de más de 200 funcionarios. También informó sobre la reducción de escalas salariales, el congelamiento de sueldos y la no aplicación de incrementos al sector público, lo que permitirá un ahorro superior a los 40 millones de bolivianos anuales, además de agilizar trámites mediante la digitalización de procesos.
Respecto al sector productivo, el ministro indicó que se lograron acuerdos basados en la eliminación de corrupción, extorsión y trabas burocráticas. Entre las medidas destacó la eliminación de tarjetas de abastecimiento que facilitaban la reventa de combustible y la exclusión del diésel de la lista de sustancias controladas. También mencionó avances en el acceso a financiamiento y en la revisión de normativas crediticias.
Sobre las exportaciones, defendió la flexibilización de restricciones al señalar que los controles históricos derivaron en desabastecimiento. Aseguró que se mantiene el Certificado de Abastecimiento Interno, sin regulación de precios, bajo monitoreo de un observatorio con participación de sectores sociales y productivos.
Finalmente, Justiniano afirmó que el Gobierno avanza en la identificación de hechos de corrupción en empresas estatales y anunció que los análisis jurídicos concluirán este mes para iniciar procesos judiciales. “Este decreto es el inicio de un proceso de transformación”, sostuvo, al señalar que el ajuste alcanza a todos los niveles del Estado y busca sentar bases para nuevas reformas.
