Auto Constitucional 0087/2025 ordena el cese en 10 días de los magistrados “autoprorrogados” y valida sus actos previos.
El Auto Constitucional 0087/2025 O, fechado el 24 de noviembre de 2025, puso fin a la prórroga de mandato que los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) se habían otorgado a sí mismos y que beneficiaba a cinco autoridades judiciales. La resolución fija un plazo de diez días para que estos magistrados cesen definitivamente en sus funciones y, al mismo tiempo, ratifica la validez de todas sus actuaciones judiciales realizadas hasta la fecha.
La decisión se hizo pública durante la audiencia de acción popular instalada en la Sala Constitucional Primera de Potosí, donde la justicia debía resolver la situación de los magistrados que permanecen en el cargo desde 2023 pese a la conclusión de su mandato.
Los puntos centrales de la resolución
El Auto Constitucional 0087/2025 O establece:
- Finalización de la prórroga: Se dispone la conclusión del mandato extendido de las máximas autoridades del TCP y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), quienes continuaron en funciones tras vencer su periodo de seis años según lo establecido en la DCP 0049/2023. Entre ellos figuran los magistrados del TCP: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, René Yván Espada Navía, Isidora Jiménez Castro, Julia Elizabeth Cornejo Gallardo y Karem Lorena Gallardo Sejas; además de los magistrados del TSJ: Ricardo Torres Echalar y Carlos Alberto Egüez Añez.
- Cese en 10 días hábiles: Los magistrados deberán abandonar sus cargos en un plazo máximo de diez días hábiles desde la notificación del fallo. El tiempo se considera suficiente para la conclusión de causas pendientes cuyo vencimiento se produzca dentro de ese periodo.
- Validez de sus actos: El documento dispone mantener firmes y vigentes todos los actos emitidos por las autoridades prorrogadas durante el periodo extendido, invocando los principios de legalidad y seguridad jurídica.
La audiencia y el contexto
La acción popular fue presentada por Sandra Beatriz Aiza ante la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, en contra de los cinco magistrados del TCP cuestionados por su permanencia irregular en el cargo.
Horas antes de que se instalara la audiencia, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Rómer Saucedo, denunció públicamente que los magistrados “autoprorrogados” estaban intentando intimidar a salas constitucionales y jueces del país mediante la emisión de una “ficticia complementación” de un auto constitucional.
Pese a ello, Saucedo aseguró que el trabajo independiente de los jueces está garantizado y sostuvo que “Bolivia no se arrodilla ante los usurpadores” de la administración de justicia constitucional.
