Sectores afectados por la crisis exigen la inmediata vigencia de la Ley de Diferimiento de Créditos.
Tras las primeras dos semanas de gestión del Gobierno, crece la presión de gremios y microempresarios para que entre en vigencia la Ley de Diferimiento de Créditos, actualmente paralizada a la espera de un pronunciamiento judicial.
Helen Rivero, presidenta de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), informó que este martes se reunirán en La Paz representantes de gremiales, transportistas, cuentapropistas, choferes y microempresarios, con el objetivo de definir una resolución conjunta y coordinar medidas de presión frente a lo que consideran una postura del Ejecutivo “a favor de la banca privada”.
“No podemos esperar una semana más. La ley es de estricto cumplimiento y se debe poner en vigencia ya”, afirmó Rivero, cuestionando que el Gobierno mantenga en suspenso la medida mientras el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) analiza la regularidad del procedimiento legislativo seguido para su aprobación.
Alivio financiero suspendido
La Ley de Diferimiento, promulgada por el expresidente Luis Arce, establecía un alivio financiero para prestatarios desde diciembre de 2025 hasta mayo de 2026, como respuesta a la crisis económica que paralizó varias actividades y sectores. Sin embargo, quedó suspendida tras la presentación de medidas cautelares por parte de asociaciones del sistema financiero ante el TCP.
Rivero indicó que muchos prestatarios ya habían iniciado los trámites correspondientes, pero todo quedó detenido hasta el pronunciamiento judicial. El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, confirmó que la vigencia de la norma dependerá del fallo del TCP, debido a observaciones sobre el proceso legislativo.
Advertencias de la COB y protestas
La Central Obrera Boliviana (COB) advirtió la semana pasada que, si la Ley de Diferimiento no entra en vigencia, quedará en evidencia que el Gobierno prioriza los intereses de la banca privada. Según Mario Argollo, secretario ejecutivo de la COB, alrededor de 1,4 millones de personas se beneficiarían con la aplicación de la norma.
Mientras tanto, la protesta se intensifica. Una comitiva de prestatarios de Santa Cruz, encabezada por Silvia Pacasi, llegó este lunes a La Paz para instalar un mitin frente a las oficinas del Gobierno. Pacasi acusó a las autoridades de “proteger los intereses bancarios” y desatender la situación de miles de familias afectadas por el encarecimiento de productos y la desaceleración económica.
