Canciller defiende la entrega del Cóndor de los Andes a Rodrigo Paz y afirma que se realizó conforme a la ley

El canciller Fernando Aramayo respondió a las críticas surgidas por la entrega de la Orden Nacional del Cóndor de los Andes al presidente Rodrigo Paz Pereira y aseguró que la distinción fue otorgada en estricto cumplimiento de la normativa vigente, tal como ocurrió con anteriores mandatarios.

Durante una conferencia de prensa, la autoridad manifestó su molestia por los cuestionamientos y presentó una comparación con gestiones pasadas para sostener que varios expresidentes recibieron esta condecoración pocos días después de asumir funciones.

Según Aramayo, Rodrigo Paz recibió el reconocimiento 247 días después de su posesión, mientras que Luis Arce fue condecorado a los diez días de iniciar su mandato. En el caso de Jeanine Áñez, la distinción fue entregada a los 14 días; Eduardo Rodríguez Veltzé la recibió a los 20 días, y tanto Evo Morales como Gonzalo Sánchez de Lozada fueron investidos con la orden prácticamente el mismo día de su posesión presidencial.

La polémica se generó luego del acto protocolar realizado el pasado 13 de julio, cuando la Cancillería entregó al jefe de Estado la Orden Nacional del Cóndor de los Andes en el grado de Gran Collar, considerada la máxima condecoración otorgada por el Estado boliviano. Las críticas se centraron en el contexto en el que se realizó la ceremonia, poco después de la crisis que atravesó el país, y en el hecho de que la distinción es formalmente conferida por el propio presidente.

Frente a esos cuestionamientos, Aramayo sostuvo que la entrega del reconocimiento responde a un procedimiento establecido por la legislación y lamentó que, a su juicio, exista desconocimiento sobre el marco legal que regula esta condecoración. Asimismo, señaló que el cumplimiento de las disposiciones es necesario debido a que existen diversas solicitudes de instituciones y personas que tramitan el otorgamiento de esta distinción.

La Orden Nacional del Cóndor de los Andes está regulada por la Ley 1762, promulgada en marzo de 1997, que establece el procedimiento para su concesión. De acuerdo con esa normativa, la decisión es evaluada por el Consejo de la Orden, integrado por el ministro de Relaciones Exteriores, el director de Ceremonial del Estado y los tres últimos cancilleres que hayan ejercido el cargo, instancia encargada de analizar y aprobar las postulaciones antes de su otorgamiento.