Rodrigo Paz insta al Senado a aprobar el PGE reformulado mientras la Cámara Alta posterga su tratamiento
El presidente del Estado, Rodrigo Paz, exhortó este jueves a la Cámara de Senadores a dar curso al proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) reformulado para la gestión 2026, al considerar que su aprobación permitirá garantizar recursos destinados a programas y servicios en beneficio de la población.
Durante un acto de inauguración de la avenida Panorámica Norte, en el Distrito 6 de la ciudad de El Alto, el mandatario pidió a los legisladores respaldar la norma sin priorizar intereses políticos. «El presupuesto es para el pueblo, no para el presidente», manifestó, al recordar que la iniciativa ya recibió el visto bueno de la Cámara de Diputados.
Pese al llamado del Ejecutivo, el Senado instaló una sesión plenaria en la que surgió la propuesta de declarar un cuarto intermedio hasta el próximo martes, lo que aplazaría el análisis del proyecto por algunos días más.
El PGE reformulado fue aprobado por la Cámara de Diputados durante la madrugada del 4 de julio, luego de una extensa sesión legislativa. Posteriormente, el documento fue remitido a la Cámara Alta; sin embargo, la proximidad del receso parlamentario, que comenzó el 6 de julio y se extendió por dos semanas, impidió su tratamiento.
Antes de que el proyecto sea debatido en el pleno del Senado, la Comisión de Planificación tiene previsto convocar al ministro de Economía para que explique los alcances de la propuesta. Posteriormente, la autoridad también deberá exponer y responder consultas durante la sesión plenaria.
El Presupuesto General del Estado 2026 proyecta un monto consolidado de 391.815,8 millones de bolivianos y contempla un déficit fiscal del 9%. La versión reformulada incorpora un incremento de Bs 7.472 millones respecto al presupuesto inicialmente presentado.
Entre los principales ajustes previstos figuran mayores recursos para los sectores de salud y educación, la creación de más de 6.800 nuevos ítems, inversiones destinadas al fortalecimiento de la seguridad y medidas orientadas a reducir el gasto corriente en la administración central del Estado.
