Regularización de autos «chutos» reabre debate sobre impuestos, contrabando y seguridad jurídica.
La propuesta del diputado Reinaldo Seas para regularizar vehículos indocumentados reavivó el debate sobre el alto costo de importar motorizados de forma legal y las posibles consecuencias económicas de una nueva nacionalización.
La Cámara Automotor Boliviana (CAB) advirtió que la carga tributaria puede representar hasta el 50% del valor imponible de un vehículo, lo que encarece la importación formal y favorece el contrabando. El sector considera que, en un país sin industria automotriz, reducir esos costos sería una medida más efectiva para renovar el parque automotor y combatir el ingreso ilegal de vehículos.
La CAB también alertó que una regularización masiva pondría en riesgo miles de empleos, reduciría las ventas del mercado formal y depreciaría el valor de los vehículos importados legalmente, afectando a propietarios que aún pagan créditos por sus motorizados. Además, sostuvo que la medida enviaría una señal negativa para la inversión y el respeto a la legalidad.
Mientras el proyecto aún debe ser analizado en la Asamblea Legislativa, la iniciativa ya generó rechazo internacional. Autoridades de Chile y representantes del sector automotor de México advirtieron que una eventual regularización podría incentivar el robo y tráfico de vehículos, además de debilitar la lucha contra el contrabando y el crimen organizado.
