Aramayo explica demora en designar embajadores
El canciller Fernando Aramayo aseguró que la demora en la designación de embajadores respondió a la necesidad de reorganizar el Ministerio de Relaciones Exteriores y solucionar problemas administrativos heredados, entre ellos el pago de salarios adeudados al personal del servicio exterior.
En una entrevista con la periodista Maggy Talavera, la autoridad explicó que, al asumir el cargo en noviembre de 2025, la prioridad fue estabilizar el funcionamiento interno de la Cancillería antes de avanzar con los nombramientos diplomáticos.
«Queremos darle un punto de inflexión a la gestión de Gobierno. Salir del ‘así nomás es’ y asumir con responsabilidad el manejo de las instituciones», afirmó.
Aramayo reveló que encontró deudas salariales que afectaban tanto al personal del servicio exterior como a funcionarios de la Cancillería, una situación que calificó de compleja debido a que el presupuesto ya había sido aprobado mediante la Ley Financial.
«No me parece justo ni responsable decir que a la gente no se le pagaba y así nomás era. Quien asume el liderazgo de una institución debe garantizar condiciones laborales y cumplir con la norma», sostuvo.
El canciller también cuestionó decisiones adoptadas durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez y señaló que el retiro de funcionarios derivó en procesos judiciales que ocasionaron un perjuicio económico para el Estado.
Según Aramayo, esas desvinculaciones obligaron posteriormente al pago de indemnizaciones con recursos públicos.
Asimismo, criticó el gasto destinado a la designación de personal del servicio exterior durante esa administración, al considerar que se trataba de un gobierno de carácter transitorio.
«En esa gestión se gastaron 45 millones de bolivianos en la designación de personal del servicio exterior para un periodo de transición que sabía que sería reemplazado por un nuevo gobierno. ¿Eso es adecuado, es responsable?», cuestionó.
Finalmente, el ministro defendió la decisión del Gobierno de priorizar el saneamiento administrativo y financiero de la Cancillería antes de renovar las representaciones diplomáticas, asegurando que esa estrategia busca fortalecer la institucionalidad y garantizar una gestión responsable de los recursos públicos.
