Del Castillo descarta fuga, denuncia abuso policial y anuncia acciones internacionales tras recuperar su libertad.

El exministro de Gobierno Eduardo Del Castillo negó haber intentado abandonar el país de forma irregular y denunció abuso policial, luego de que la Justicia ordenara su libertad pura y simple al descartarse cualquier imputación en su contra por el presunto delito de obstrucción policial.

“¿Quién va a fugar del país por un aeropuerto internacional, con toda su familia y con menores de edad?”, afirmó al salir del Palacio de Justicia de Santa Cruz, tras la audiencia de acción de libertad en la que el juez constitucional Carlos Alberto Moreira le concedió tutela, dispuso su liberación inmediata y ordenó el cese de la persecución policial contra él y su familia. En el exterior del edificio judicial, un reducido grupo de activistas expresó su rechazo a la decisión.

Del Castillo dijo sentirse aliviado, principalmente por su entorno familiar, y confirmó que intentará reprogramar un viaje a Santiago de Chile, previsto para el 12 de enero, donde su hija menor —diagnosticada con autismo— debía someterse a una evaluación neurológica. “Lo más importante es que podamos retomar la atención médica. El pasaje fue comprado hace más de 40 días”, explicó.

Recordó que tanto en la vía ordinaria como en la constitucional, las resoluciones judiciales coincidieron en que su detención no tenía sustento legal. “Creemos que se ha actuado conforme a derecho, no solo en nuestro caso, sino sentando un precedente para cualquier familia en el país”, sostuvo.

“No me he ido del país ni tengo intención de hacerlo”, reiteró, al cuestionar la hipótesis de una posible fuga. “Si ese fuera el objetivo, no se intentaría salir por Viru Viru, uno de los aeropuertos con mayor control y seguridad”, agregó.

Denuncia contra la Policía

El exministro anunció que recurrirá a instancias nacionales e internacionales para denunciar lo ocurrido y evitar que se repita. Aseguró que, durante el operativo policial en el aeropuerto internacional de Viru Viru, se paralizaron controles migratorios y vuelos sin respaldo legal, lo que —según afirmó— ocasionó un perjuicio económico al Estado.

“Un capitán ha reconocido que se instruyó la paralización de vuelos. Estamos solicitando las actas y resoluciones correspondientes para iniciar las acciones legales”, indicó.

Asimismo, denunció que su hija menor sufrió una crisis emocional y un golpe durante el procedimiento policial, hecho que —dijo— cuenta con respaldo audiovisual. “Los derechos de una menor fueron vulnerados. Vamos a llegar hasta las últimas instancias”, remarcó.

Decisión judicial

La liberación de Del Castillo se produjo luego de que el fiscal Luis Alba resolviera no imputarlo, ni a su cuñado Abad A., por el presunto delito de impedir u obstaculizar el ejercicio de funciones públicas. En consecuencia, la jueza de Instrucción Penal de Warnes, Rosario del Carmen Egües, dejó sin efecto la aprehensión y emitió los mandamientos de libertad.

De forma paralela, el abogado Enrique Ramírez presentó una acción de libertad contra jefes policiales de Santa Cruz, proceso que derivó en el fallo constitucional que ordenó su liberación inmediata.

Perfil y antecedentes

Abogado y militante del Movimiento al Socialismo (MAS), Del Castillo fue ministro de Gobierno durante la gestión de Luis Arce (2020–2025), etapa en la que se consolidó como una de las figuras más visibles y polémicas del Ejecutivo.

Para sus detractores, representó la judicialización de la política; para el oficialismo, la aplicación firme del poder estatal tras la crisis de 2019. Esa polarización marcó su imagen pública e influyó en su candidatura presidencial de 2025, en la que obtuvo el 3,17 % de los votos.

El exministro también fue cuestionado por liderar operativos como la captura del gobernador Luis Fernando Camacho y la detención de la expresidenta Jeanine Áñez, además de denuncias vinculadas al caso Fondo Indígena, impulsadas por la familia de Marco Aramayo.

“Hemos logrado justicia, pero este caso no se cierra aquí”, advirtió. “Vamos a presentarnos ante todas las instancias necesarias para demostrar que no cometimos ningún delito y que en Bolivia nadie debe ser privado de libertad sin fundamento legal”.