Fiscalía abre investigación penal por presunta “prórroga inconstitucional” en el Tribunal Constitucional

La Fiscalía Departamental de Chuquisaca admitió una denuncia penal contra cinco magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), acusados de habilitar una nueva prórroga irregular de sus mandatos mediante el Auto Constitucional 070/2025-O, emitido el 31 de octubre. La denuncia fue presentada por las magistradas electas Paola Prudencio Candia y Amalia Laura Villca, quienes fueron elegidas en los comicios judiciales de diciembre de 2024 y sostienen que la resolución vulneró la Constitución, se aprobó en un ambiente de hermetismo y les impidió participar del proceso deliberativo.

La fiscal de materia Jenny Esther Torrico informó, mediante nota enviada al Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y de Violencia Contra la Mujer de Chuquisaca, que la denuncia fue admitida tras su subsanación formal, dando paso a la etapa de investigación preliminar. Los magistrados Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, René Yván Espada Navia, Karem Lorena Gallardo Sejas, Isidora Jiménez Castro y Julia Elizabeth Cornejo Gallardo enfrentarán averiguaciones por los delitos de acoso político contra mujeres y falsedad ideológica.

Las magistradas denunciantes sostienen que el cuestionado Auto 070/2025-O fue tramitado a espaldas de los nuevos miembros del TCP y presentado públicamente como si hubiera unanimidad, pese a que ellas no tuvieron acceso al documento. Señalan que la resolución invade atribuciones de la Asamblea Legislativa al impedir que se declare el cese de los magistrados prorrogados mientras no se posesionen nuevas autoridades, lo que, a su juicio, consolida una autoprorrogación de más de dos años. Aseguran que el TCP ha “frenado metódicamente” su salida al haber aprobado tres resoluciones de similar naturaleza desde 2023.

El conflicto no se reduce a este último fallo. Los magistrados electos alertan que existe una secuencia de autos —53/2024-O, 002/2025-O y 070/2025-O— que, en su criterio, exceden las facultades del TCP al declarar la inconstitucionalidad de proyectos de ley mediante simples autos, una vía no prevista por el Código Procesal Constitucional. El magistrado electo Boris Arias pidió que la nulidad de la resolución sea tratada por suplentes y recordó que los nueve miembros del TCP pueden ser sometidos a juicio de responsabilidades.

La crisis institucional se trasladó al ámbito judicial. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, cuestionó públicamente la resolución que habilitó la tercera prórroga y manifestó su respaldo a las denunciantes, afirmando que estas decisiones generan frenos indebidos a la Asamblea Legislativa. Además, la Cumbre Judicial realizada el 14 de noviembre en Sucre exigió el cese de los magistrados autoprorrogados, lo que incrementó la presión institucional sobre el TCP.

Con la admisión de la denuncia, la Fiscalía avanza hacia la fase preliminar, que incluye la toma de declaraciones, solicitudes de informes y la verificación de toda la documentación registrada en el Sistema Informático del Ministerio Público, interoperable con el Órgano Judicial. Mientras tanto, el presidente del TCP, Gonzalo Hurtado, no ha respondido a las consultas de la prensa desde que estalló el conflicto hace dos semanas.