Crisis económica reduce recaudaciones municipales y obliga a alcaldías a aplicar incentivos tributarios

La crisis económica que atraviesa Bolivia ha provocado una marcada disminución en el pago de impuestos por parte de la ciudadanía, afectando directamente la capacidad financiera de los gobiernos municipales para cubrir servicios básicos como salud, educación y atención a emergencias. A siete meses de gestión, varios alcaldes del país enfrentan serias dificultades para sostener el funcionamiento de sus municipios.

Ante la baja recaudación, las principales alcaldías del eje central —La Paz, Cochabamba, El Alto y Santa Cruz— implementaron planes de incentivos tributarios para motivar el cumplimiento de obligaciones fiscales. Entre ellos destacan el “Perdonazo tributario” en La Paz y Cochabamba, la “Rebajita tributaria” en El Alto y el “Descuentazo tributario” en Santa Cruz de la Sierra.

Estas medidas, que condonan multas e intereses por mora, buscan recuperar ingresos de contribuyentes con deudas de hasta 30 años. Sin embargo, los resultados aún son limitados. “Mucha gente ha dejado de pagar sus impuestos por la crisis, porque prioriza la alimentación, salud y educación”, explicó Jhon Villalba, exdirector de la Administración Tributaria de El Alto.

En Santa Cruz, la falta de recursos afectó programas educativos como el mantenimiento de unidades escolares y la entrega del desayuno escolar, que recién se normalizó en junio. “Ningún municipio del país está bien en recaudaciones”, reconoció el director de la DAT cruceña, Boris Peñaloza.

En Cochabamba, la reducción de fondos paralizó hasta el 50% de las obras municipales, mientras que en La Paz, la caída más fuerte se registró en 2021, cuando la gestión anterior cobró impuestos de manera anticipada, contraviniendo la norma. Pese a la crisis, La Paz continúa siendo uno de los municipios con mejor comportamiento tributario, según su Administración Tributaria Municipal.

Actualmente, la Alcaldía paceña aplica la Ley 573 de Alivio Tributario, vigente hasta abril de 2026, que permite regularizar deudas con cero multas e intereses. Aun así, las autoridades municipales advierten que, si la situación económica nacional no mejora, los ingresos locales seguirán en riesgo, comprometiendo la ejecución de obras y la prestación de servicios esenciales.